dilluns, 17 de juny del 2013

El Gobierno halla ilegalidades en la resolución contra la venta de ATLL

  • Un miembro de la mesa de contratación asesoró al OARCC a espaldas del resto.
  • Rosell no expresó esos recelos en las reuniones del concurso.
El gabinete jurídico de la Generalitat considera que existen indicios de ilegalidad en la actuación que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) llevó a cabo para elaborar la resolución sobre la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), en la que este anulaba la concesión a Acciona al señalar que la oferta liderada por el grupo constructor no cumplía el pliego de condiciones del concurso.

El consejero de Territorio, Santi Vila
Y no solo duda del OARCC. También desconfía del proceder de uno de los miembros de la mesa de contratación que participó en el concurso, Joan Antoni Rosell, director general de la empresa pública Infraestructures.cat (antigua Gisa), quien, a espaldas del resto de miembros de la mesa, habría dado argumentos al OARCC en contra de la oferta de Acciona. La Generalitat ya denunció ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que el OARCC resolvió sin ni tan solo “verificar” la oferta técnica de Acciona.

La prueba de esas sospechas consta en el expediente que el OARCC remitió al TSJC con toda la documentación usada para redactar su resolución. Las páginas 1.100, 1.101 y 1.102 de ese expediente, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, han generado sorpresa entre los juristas de la Administración, que han reclamado al TSJC que pida explicaciones al OARCC, e indignación en una buena parte de los altos cargos que participaron en la adjudicación y que con ese correo ven confirmada sus sospechas de la existencia de una mano oculta contra su decisión. (...)