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| El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila. |
Anular la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) al consorcio liderado por Acciona tendrá consecuencias de difícil arreglo. Esa es la premisa básica con la que la Generalitat ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la resolución de su Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC), que obliga a revocar el contrato que certifica la privatización. El Gobierno catalán reconoce en el recurso presentado el pasado viernes, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que la supresión supondría tener que afrontar una indemnización de “magnitudes extraordinarias” que, dada la situación económico-financiera de la Generalitat, sería de “difícil o imposible reparación”.
Font: El País, 16-01-2013
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